Taller de IU contra las cláusulas suelo en hipotecas. Roquetas 11/06/2013.

Un ciudadano ilicitano consigue que el Juzgado nº 5 de Elche declare la nulidad del procedimiento hipotecario

Los procedimientos hipotecarios exigen el cumplimiento riguroso por parte de las entidades bancarias de los requisitos que establece la Ley y, en este caso, BANCO CAM no los cumplió, según declara el Juzgado

La reciente aprobación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecario amplía las posibilidades de defensa de los clientes ante los procedimientos instados por los bancos en caso de impago de un préstamo hipotecario

Pedro Pérez Cortés, delegado provincial de Ausbanc, durante la rueda de prensa.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche ha declarado la nulidad del procedimiento hipotecario instado por el antiguo BANCO CAM (hoy Banco Sabadell) contra un asociado de AUSBANC por no cumplir los requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para ejecutar dicho préstamo hipotecario. El auto dictado por la Juzgadora acuerda, en consecuencia, el archivo del procedimiento.
La entidad ejecutante no cumplió el requisito de inscribir en el Registro de la Propiedad la cesión de la titularidad de la hipoteca que garantiza el crédito de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo a BANCO CAM, produciéndose una insubsanable discordancia entre el acreedor hipotecario registralmente inscrito (la Caja) y la entidad bancaria que ejecuta el crédito (BANCO CAM).
La resolución se apoya en tres recientes resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales de Castellón y Valencia.
No cabe duda que quien requiere una mayor protección en estos casos es el consumidor que ha contratado una hipoteca y, por circunstancias excepcionales    -como la pérdida del empleo o una enfermedad grave-, se ve imposibilitado a hacer frente a las cuotas mensuales del préstamo hipotecario. En esta línea se acaba de promulgar la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, publicada en el BOE el pasado 15 de mayo de 2013.
Esta Ley pretende, por una parte, implementar medidas para que aquellas personas que se encuentran en dificultades para atender sus pagos lleguen a ser 'desalojados' de su vivienda, limitar los intereses de demora aplicables (tres veces el interés legal del dinero) y, en todo caso, otorgar mecanismos legales      -hasta ahora inexistentes- para que el deudor pueda denunciar la existencia de cláusulas abusivas en su hipoteca.
Lamentablemente son muchos los préstamos hipotecarios que contienen cláusulas abusivas (cláusula suelo -recientemente declarada nula por el Tribunal Supremo-, tipos de interés de demora desproporcionados, facultades de resolución anticipada del contrato no acordes a derecho, exigencia de seguro que no son obligatorios, etc.); de hecho, en algunos casos, han sido esas cláusulas las que han imposibilitado que los clientes pudieran satisfacer las cuotas del préstamo hipotecario.
Por todo ello, desde AUSBANC se recomienda a los consumidores que se asesoren y, en caso de no ser posible llegar a un acuerdo de refinanciación o carencia en el pago de las cuotas del préstamo hipotecario, hagan valer sus derechos ante los Tribunales de Justicia.

Accion Stop Desahucios Almuñécar y La Herradura ante Bco Popular hoy_17 Junio 2013

La Moción de STOP DESAHUCIOS de ALMUÑÉCAR - LA HERRADURA es APROBADA por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar.

Ante la propuesta de la Plataforma Stop Desahucios de Almuñécar- La Herradura, los grupos municipales de IU y PSOE, al amparo de lo establecido en el Art. 97.3 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, elevan al Pleno, para su debate y aprobación la siguiente Moción. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Es un hecho manifiesto que desde el inicio de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a situaciones límite que, en muchos casos, no les permiten cubrir sus necesidades más básicas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial entre 2007 y 2010, en el Estado Español se registró una cifra aproximada de 300.000 ejecuciones hipotecarias, una realidad que ha ido en aumento. Sólo en los meses de enero a marzo de 2012 el número aproximado de ejecuciones rozaba los 25.000. En este contexto miles de familias se enfrentan, no sólo a la pérdida de su vivienda sino también a una condena económica de por vida. Esta realidad también es un hecho en nuestro municipio. Son numerosas las familias almuñequeras que están siendo condenadas a la exclusión social y la economía sumergida por una legislación anómala. A la plataforma de Stop Desahucios se han dirigido muchas de ellas, afectadas por una ley injusta que premia a los responsables y castiga a las víctimas de la crisis, familias a las que las malas prácticas de las entidades financieras les están generando un sufrimiento y unos trastornos sin límite que les impiden continuar con su vida. Todo esto hace que las consecuencias de la crisis se carguen sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario mientras las entidades financieras, responsables de esta, reciben ayudas millonarias sin asumir ninguna responsabilidad, hecho del todo inadmisible en un Estado social y democrático. Vista la situación tan grave en la que se encuentran las familias que sufren estos procesos, estas deberían ser objeto de una especial atención en el ámbito de las políticas municipales A pesar de las dificultades y limitaciones para actuar desde el ámbito municipal, ya que los procesos de ejecución hipotecaria dependen de una normativa de competencia estatal, sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es en los municipios donde se producen los brutales y masivos desahucios, y es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas. Ante esta emergencia social consideramos que este Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad con sus ciudadanos y ciudadanas y debe actuar de inmediato poniendo freno a la toda vulneración al derecho a la vivienda. La realidad social que provocan los desahucios en nuestro país y en nuestro municipio recomienda la redacción de la presente moción y la aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno Municipal:
1-Instar al gobierno para que apruebe la ILP que se votará próximamente en el Congreso de los Diputados.
2-Interpelar a las entidades financieras que operan en el municipio para paralizar los procedimientos de desahucio de personas y familias en tanto se apruebe una reforma de la Ley Hipotecaria. En caso de no obtener respuesta por parte de estas se procederá a: -Adoptar las medidas precisas para retirar los fondos municipales de aquellas entidades que sigan realizando ejecuciones hipotecarias. -Hacer pública mediante la página web del Ayuntamiento la relación de entidades que se niegan a colaborar con la paralización de los desahucios.
3-Este Gobierno Municipal se compromete a informar y apoyar a las personas y familias que han sufrido un desahucio o están bajo la amenaza de ser desahuciados, dándoles el asesoramiento necesario, en su caso, para suspender el desahucio.
4-En los casos en los que no se haya podido impedir un desahucio, garantizar el inmediato realojo en una vivienda de titularidad municipal para dar respuesta a las necesidades de las familias del municipio desahuciadas siempre que se trate de su vivienda habitual.
5-Hacer un censo con carácter urgente de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras para luego poder aplicar medidas que fuercen su puesta inmediata en alquiler social asequible, tales como recarga del IBI o expropiación temporal de su uso.
6- Eliminar el impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la perdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda.
7-Revisar los protocolos de actuación de servicios sociales para que ninguna familia pueda perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio. Además, desde estos servicios se colaborará siempre en pedir al juzgado la suspensión del desahucio cuando este sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
8- Este Ayuntamiento no pondrá a disposición de las órdenes de un desahucio a ningún efectivo del cuerpo de seguridad municipal, policía y bomberos.
9- Este Ayuntamiento, se compromete a trabajar en común con los organismos sociales que denuncian y combaten los desahucios.
10-Instar al Gobierno Municipal a que proceda a iniciar los trámites oportunos para que las Viviendas Protegidas que se encuentran sin adjudicar, promovidas por la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada SA (VISOGSA), situadas en ‘Lo Colorao’ de Almuñécar se conviertan en viviendas con alquileres sociales para que puedan ser utilizadas por los ciudadanos más necesitados.

Acciones de la Plataforma "Stop Desahucios Almuñécar y La Herradura"_ 10 Junio 2013

Estrasburgo pide dación en pago o renegociación para familias en quiebra

Los golpes a la política hipotecaria del Gobierno español procedentes del Parlamento Europeo y de otras instituciones parecen no tener fin. La semana pasada fue la concesión del premio Ciudadano Europeo 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El tirón de orejas viene ahora de un informe sobre vivienda social que el pleno de la Cámara tiene previsto aprobar mañana. El documento, que ya obtuvo el sí de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara en abril, incluye una serie de recomendaciones, entre las que se incluye la petición de que la normativa europea “incluya procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago [que la entrega del bien hipotecado baste para saldar la deuda] para los deudores o familias en situación de quiebra”. Este documento no tiene implicaciones legales, pero sí una fuerte carga política en países como España, en los que en los últimos años decenas de miles de familias han perdido su casa por impago. Muchos de estos desahuciados siguen adeudando parte de la cantidad pedida al banco. Y, pensando en este colectivo, el informe pide a los Estados miembros “que impidan que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios”. El galardón de la Eurocámara a la PAH ya despertó la furia del PP —“Hoy ha sido Ada Colau, mañana pueden premiar a Arnaldo Otegi”, llegó a decir el eurodiputado Carlos Iturgaiz—, que exige que se revoque el premio a una organización que reclama la dación en pago con carácter retroactivo para los deudores que se hayan quedado sin su residencia habitual. más información El Parlamento Europeo premia a la PAH por su defensa de los derechos Indignación en el PP español por el galardón europeo a la PAH El pleno de la Eurocámara votará mañana el documento, redactado por la diputada ecologista francesa Karima Delli. El apartado más polémico, añadido a propuesta del socialista español Alejandro Cercas, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que “aborden la solución del drama social que plantea la pérdida de la vivienda para los más afectados por la crisis y el desempleo”. El texto recuerda también que los desahucios “se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destinadas al saneamiento del sistema financiero europeo”. Esta iniciativa del Parlamento llega varias semanas después de que el Banco Central Europeo pidiera al Gobierno español “un conjunto de medidas más amplio que aborde las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias”. Pero el mayor revés a la ley hipotecaria llegó el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la normativa española violaba la directiva europea de protección a los consumidores, de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros. Con este paso se abrió la puerta a que cualquier juez español pueda paralizar de forma cautelar un desahucio para ver si hay cláusulas abusivas. El Parlamento Europeo dará el visto bueno a este informe después de ponerse de acuerdo con el resto de las instituciones europeas para sacar adelante una directiva sobre créditos hipotecarios que garantiza condiciones más favorables para los prestatarios en casos de pago anticipado y de ejecución hipotecaria. Esta nueva norma, que los Estados deberán trasladar a sus legislaciones nacionales, contempla la dación en pago siempre que deudor y acreedor estén de acuerdo. Pero este aspecto tendrá un escaso impacto en España, donde la legislación ya contempla esa posibilidad, siempre en caso de acuerdo previo. Organizaciones como la PAH piden que la dación en pago se aplique con efectos retroactivos, algo a lo que se opone el Gobierno por los perjuicios que ocasionaría a la banca. La nueva directiva europea no se pronuncia sobre esa posibilidad en concreto. Expertos como José García Montalvo también tienen sus reservas con la dación en pago retroactiva y generalizada. Este catedrático de Economía de la Pompeu Fabra considera que, de aprobarse, cualquier comprador que viera que su piso ha perdido valor podría devolverlo al banco; se generarían así unas pérdidas en el sistema financiero que en última instancia deberían ser compensadas con dinero público. “Sería más justo una ley de segunda oportunidad, en la que el juez viera caso por caso cuándo hay que hacer reestructuraciones de la deuda”, concluye García Montalvo.