Ante la propuesta de la Plataforma Stop Desahucios de Almuñécar- La Herradura, los grupos municipales de IU y PSOE, al amparo de lo establecido en el Art. 97.3 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, elevan al Pleno, para su debate y aprobación la siguiente Moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es un hecho manifiesto que desde el inicio de la crisis y el aumento del
paro, centenares de miles de familias han llegado a situaciones límite
que, en muchos casos, no les permiten cubrir sus necesidades más
básicas.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial entre 2007 y 2010, en el Estado Español se registró una cifra aproximada de 300.000 ejecuciones hipotecarias, una realidad que ha ido en aumento. Sólo en los meses de enero a marzo de 2012 el número aproximado de ejecuciones rozaba los 25.000.
En este contexto miles de familias se enfrentan, no sólo a la pérdida de su vivienda sino también a una condena económica de por vida.
Esta realidad también es un hecho en nuestro municipio. Son numerosas las familias almuñequeras que están siendo condenadas a la exclusión social y la economía sumergida por una legislación anómala. A la plataforma de Stop Desahucios se han dirigido muchas de ellas, afectadas por una ley injusta que premia a los responsables y castiga a las víctimas de la crisis, familias a las que las malas prácticas de las entidades financieras les están generando un sufrimiento y unos trastornos sin límite que les impiden continuar con su vida.
Todo esto hace que las consecuencias de la crisis se carguen sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario mientras las entidades financieras, responsables de esta, reciben ayudas millonarias sin asumir ninguna responsabilidad, hecho del todo inadmisible en un Estado social y democrático.
Vista la situación tan grave en la que se encuentran las familias que sufren estos procesos, estas deberían ser objeto de una especial atención en el ámbito de las políticas municipales A pesar de las dificultades y limitaciones para actuar desde el ámbito municipal, ya que los procesos de ejecución hipotecaria dependen de una normativa de competencia estatal, sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es en los municipios donde se producen los brutales y masivos desahucios, y es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
Ante esta emergencia social consideramos que este Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad con sus ciudadanos y ciudadanas y debe actuar de inmediato poniendo freno a la toda vulneración al derecho a la vivienda.
La realidad social que provocan los desahucios en nuestro país y en nuestro municipio recomienda la redacción de la presente moción y la aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno Municipal:
1-Instar al gobierno para que apruebe la ILP que se votará próximamente en el Congreso de los Diputados.
2-Interpelar a las entidades financieras que operan en el municipio para paralizar los procedimientos de desahucio de personas y familias en tanto se apruebe una reforma de la Ley Hipotecaria. En caso de no obtener respuesta por parte de estas se procederá a:
-Adoptar las medidas precisas para retirar los fondos municipales de aquellas entidades que sigan realizando ejecuciones hipotecarias.
-Hacer pública mediante la página web del Ayuntamiento la relación de entidades que se niegan a colaborar con la paralización de los desahucios.
3-Este Gobierno Municipal se compromete a informar y apoyar a las personas y familias que han sufrido un desahucio o están bajo la amenaza de ser desahuciados, dándoles el asesoramiento necesario, en su caso, para suspender el desahucio.
4-En los casos en los que no se haya podido impedir un desahucio, garantizar el inmediato realojo en una vivienda de titularidad municipal para dar respuesta a las necesidades de las familias del municipio desahuciadas siempre que se trate de su vivienda habitual.
5-Hacer un censo con carácter urgente de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras para luego poder aplicar medidas que fuercen su puesta inmediata en alquiler social asequible, tales como recarga del IBI o expropiación temporal de su uso.
6- Eliminar el impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la perdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda.
7-Revisar los protocolos de actuación de servicios sociales para que ninguna familia pueda perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio. Además, desde estos servicios se colaborará siempre en pedir al juzgado la suspensión del desahucio cuando este sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
8- Este Ayuntamiento no pondrá a disposición de las órdenes de un desahucio a ningún efectivo del cuerpo de seguridad municipal, policía y bomberos.
9- Este Ayuntamiento, se compromete a trabajar en común con los organismos sociales que denuncian y combaten los desahucios.
10-Instar al Gobierno Municipal a que proceda a iniciar los trámites oportunos para que las Viviendas Protegidas que se encuentran sin adjudicar, promovidas por la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada SA (VISOGSA), situadas en ‘Lo Colorao’ de Almuñécar se conviertan en viviendas con alquileres sociales para que puedan ser utilizadas por los ciudadanos más necesitados.
