La Consejería de Familia tiene establecido un plan de interlocución con once entidades financieras
05.03.13 - 12:17 -
«Invitamos a las familias que estén en riesgo de desahucio a que llamen al 012». La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, analizó con el presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Francisco Vázquez, la labor que está realizando la Junta de Castilla y Leónpara atender el drama de los desahucios. La administración autonómica puso en marcha el pasado mes de noviembre un servicio integral de apoyo a las familias para realizar, en un primer momento, una labor preventivo, y en último caso, para estar al lado de las personas que padecen el lanzamiento de su domicilio.
56 familias (46 en la provincia y 10 en la capital) han sido atendidas en este servicio desde que comenzó a prestarse en la capital y en los centros de acción social que la Diputación tiene en Cantalejo, Cuéllar, Prádena y Real Sitio de San Ildefonso. El programa está orientado a personas «en situación de insolvencia sobrevenida» o en riesgo de encontrarse en ese caso. Los objetivos del servicio son, en definitiva, facilitar planes de gestión de la economía del hogar con apoyo profesional y asesorar sobre medidas de control de gasto, proporcionar información sobre las consecuencias del impago de un préstamo hipotecario, facilitar la interlocución con la contraparte o intentar conseguir la dación en pago de la vivienda. A lo anterior se suma el ofrecimiento de recursos alternativos cuando se haya producido el lanzamiento, como pueden ser la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía o la búsqueda de un alojamiento alternativo para afrontar la emergencia.
El proceso tiene cuatro fases e incluye la interlocución con las entidades financieras, once de las cuales ya se han sumado al plan de la Junta, solicitado en la región por más de medio millar de familias.
La ayuda de la Dependencia ha centrado otra parte del discurso de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. «Hemos tenido que pedir un sacrificio a las personas que cuidan a familiares en su domicilio, debido en buena medida a la deuda «histórica» que se mantenía en Dependencia con la Junta de Castilla y León (de 457 millones de euros entre 2007 y diciembre de 2011 cuando dejó de gobernar el PSOE). A cambio, sostiene Milagros Marcos, «a esas familias se les ha ofrecido en el mismo documento en el que se las anunciaba la bajada del presupuesto una alternativa a un servicio profesional garantizando la atención a las personas que lo necesiten ahora y en el futuro y el empleo en el sector de los servicios sociales».
En esa garantización de los servicios se incluyen también los centros de personas mayores y de personas con discapacidad, en los que la nueva regulación de los precios públicos establecida hace un año fijaba que se eliminara la cuantía fija que tenían que aportar todos los usuarios, que eran 721 euros. «Se ha adaptado el copago de los servicios a la capacidad económica de los usuarios», ha argumentado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Las personas con una renta inferior a los 550 euros realizan una aportación mínima, mientras que los están por encima de ese umbral (alrededor de un 10% de los usuarios) paga algo más de esos 721 euros que se abonaban hasta ahora pero que no llegan al 90% del precio de referencia del servicio, según Marcos.
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