En Febrero de 2009 se constituyó en Barcelona la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH).
La
PAH denuncia que:
- Hay miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas
están ya en fase de ejecución hipotecaria, por lo que temen ser
desahuciadas en los próximos meses. La mala regulación del sistema
bancario español hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y
quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda, ya que
ahora los
bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores.
- La administración no está proponiendo ninguna solución. La “moratoria ICO”, anunciada por el gobierno, no sólo no resuelve
el problema sino que lo aplaza y lo complica al aumentar los intereses.
Además, los criterios de aplicación dejan fuera a las familias en
situación de mayor vulnerabilidad y en muchos casos los bancos se niegan a
aplicarla, ya que no están obligados.
- Las personas hipotecadas denunciamos que somos víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda , inflando el precio, y aumentando así la deuda contraída. Pero la lista de irregularidades no acaba aquí: comisiones abusivas; contratación obligada de seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener.
No negamos nuestra parte de
responsabilidad al haber firmado un contrato que a día de hoy no
podemos mantener, a pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron
muchas de estas hipotecas. Sin embargo hasta ahora el índice de morosidad de
las familias ha permanecido increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el
estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias
endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un
empleo y los intereses se lo han permitido. Ahora que ya no pueden hacerlo, la respuesta de las
entidades crediticias ha sido intentar renegociar a favor de la entidad o el
recurso fulminante a la ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la “desvalorización”
sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda siga debiendo dinero a
la entidad que astutamente lo endeudó.
Además de este cúmulo de irregularidades y
despropósitos, no
debemos olvidar la responsabilidad de las distintas administraciones públicas que han desarrollado una legislación que solo ha promovido el
acceso a una vivienda en régimen de propiedad como única forma de acceso a una
vivienda estable y segura y que en la
práctica ha significado el sobreendeudamiento de las familias, marginando otras
formas de acceso a la vivienda como el alquiler. La desgravación fiscal de la
compra, la inestabilidad e inseguridad de los inquilinos ante una ley de
arrendamientos urbanos que defiende los intereses del propietario, la
desregulación del mercado hipotecario que permite hipotecas a 50 años, la
inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y
restricción sobre el crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse
por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda.
Además
los bancos, junto a inmobiliarias, administraciones y medios de comunicación,
durante muchos años repitieron que alquilar era tirar el dinero, que era mucho
mejor comprar y que los precios de los pisos nunca bajarían. Bajo estas condiciones,
inmobiliarias, bancos y cajas aprovecharon ese contexto objetivo y dedicaron
todo su aparato propagandístico a incentivar la compra y el sobreendeudamiento.
Por todo ello la asamblea de afectados
por la hipoteca exige soluciones. Soluciones que son justas, posibles y que ya
que se están aplicando en otros lugares:
·
Parar
los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como
de los avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su situación. Y
garantizar a los afectados el acceso a justicia gratuita para poder defenderse en los procesos de ejecución. En
cualquier caso garantizar que
ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional: un Estado democrático respetuoso de los Derechos
Humanos no puede permitir que miles de familias se queden en la calle a la vez
que millones de pisos permanecen vacíos a la espera de ser un negocio rentable.
·
Regular
la dación en pago, de manera que si el banco ejecuta la
hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada, como sucede en otros
países de la UE o en EEUU. Es un abuso bancario que estén expulsando a la gente
de sus casas y encima les exijan el pago de 20, 50 o incluso 100 mil euros.
·
Conversión
del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de
alquiler social. Que la administración fuerce a las
entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas haciendo que
los bancos renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria para
que, a continuación, la administración compre la vivienda a precio de vivienda
protegida de régimen general y el antiguo propietario pueda permanecer en ella
como inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los requisitos
establecidos para ser beneficiario de la misma. Así no sólo se ayudaría a las familias
hipotecadas, sino que ganaría toda la sociedad al aumentar el parque de
vivienda pública en alquiler. Una versión de esta medida se está aplicando ya
en el País Vasco, por lo que se trataría de extenderlo al resto de comunidades
autónomas.
·
Realización
de una Auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario. Existen indicios fundados que nos indican que la
ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder
establecer las responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así
como de las instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde
han ido a parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom
inmobiliario.
·
Establecer
los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a
ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias
trabajadoras. En el caso del mercado hipotecario, establecer por ley que el
pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso sea superior al 30% de los
ingresos de la persona o unidad familiar, a un plazo máximo de 20 años.
Invitamos a las personas afectadas a
sumarse a esta Plataforma: la unión es la mejor manera que tenemos ahora para
vencer el miedo, las amenazas y los abusos de los bancos.
También invitamos a entidades y
colectivos sociales a apoyar este manifiesto, porque es una tarea de toda la
sociedad el forzar un cambio de modelo: de la burbuja inmobiliaria al derecho a
la vivienda.
Así mismo, invitamos a las administraciones
a establecer un diálogo para avanzar en la aplicación de estas medidas.
Mientras éstas no se apliquen, anunciamos que iniciaremos movilizaciones y las
acciones necesarias para hacer respetar nuestros derechos.
Manifiesto redactado por PAH
Email: pah@afectadosporlahipoteca.com Teléfono: 677662756
A este Manifiesto se adhiere la Asamblea Stop
Desahucios Almuñécar y La Herradura
Teléfono: 653 091 181
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