Varias
decenas de afectados por la financiera UCI de Madrid, Cataluña y Murcia
han presentado, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) una denuncia penal en la Audiencia Nacional contra los
máximos responsables del grupo financiero Santander, BNP Paribas y la
Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) por presuntos delitos de estafa
continuada, delito contra los consumidores, contra el orden
socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización
criminal por la comercialización de hipotecas basura o subprime a través
de la financiera UCI.
Las
familias denunciantes piden a la Audiencia Nacional que abra una
investigación judicial sobre estos hechos con protección específica a
los denunciantes, la reparación del daño causado y la depuración de
responsabilidades de quienes diseñaron y ordenaron la puesta en práctica
del sistema de comercialización de productos tóxicos, entre los que
destacan Emilio Botín, Patricia Botín y Alfredo Sáenz.
La
parte tiene indicios de que el grupo Santander y BNP Paribas otorgaron
préstamos hipotecarios para el acceso a la vivienda en condiciones tales
que hacían previsible el impago de un elevado número de ellos sin
avisar a los clientes del riesgo de la operación. El objetivo de esta
comercialización con gestión temeraria del riesgo es el ánimo de lucro y
la posterior venta de los préstamos a inversores internacionales
(titulización). Las entidades logran sacar así tales hipotecas de los
balances internos para conseguir nueva financiación con la que continuar
el negocio de préstamo hipotecario.
Las
entidades financieras concedieron a través de UCI préstamos a jóvenes,
población migrante y personas con intención de cambiar de casa con
escasa solvencia económica. Aparecen indicios de estafa en la concesión
de tales préstamos al provocar endeudamientos durante décadas con falta
de información y engaño acerca del riesgo contraido. Los préstamos
incluyen además condiciones declaradas abusivas por los tribunales, un
abuso que se multiplica en los casos de renegociación de deuda en los
que UCI impone condiciones usurarias como la capitalización de intereses
durante el periodo de duración de los acuerdos.
La
venta de estos productos hipotecarios se realizaba a través de una
compleja red de sociedades mercantiles y profesionales del ámbito
inmobiliario, como la tasadora asociada a UCI, Valtecnic, y de la
asesoría financiera, que cumplían los planes de UCI de colocación de
hipotecas tóxicas.
El
volumen de cotización de los fondos de UCI entre los años 1999 a 2009
asciende a 14.365,8 millones de euros, con un total de 133.701 hipotecas
y 22.831 préstamos personales no hipotecarios. Entre un 11 y 15% de las
hipotecas concedidas lo fueron sobre viviendas de protección oficial, y
por encima del 30% a jóvenes menores de 39 años.
Hasta
ahora hemos denunciado que ha habido estafa con hipotecas, que se han
violado los derechos humanos, y les hemos dicho a los banqueros que son
unos criminales. Ahora además les señalamos y en los casos en los que
tengamos posibilidad por reunir prueba suficiente queremos lanzarles el
mensaje de que les vamos a sentar en el banquillo. Así, esta denuncia se
enmarca en la estrategia de lucha contra impunidad financiera impulsada
por la PAH a través de la campaña Juicio y Castigo. Una campaña de
denuncia social y pública que gracias a la lucha colectiva nos permite
ahora abrir una línea judicial de trabajo como otra importante
herramienta para exigir juicio y castigo a los culpables y para dar un
paso más hacia el fin de la impunidad de la estafa hipotecaria; también
una herramienta para exigir verdad, justicia reparación y no repetición.
Rechazaron nuestra propuesta de mínimos, la ILP, y ahora decimos alto y
claro que subimos las apuestas, y vamos a por los responsables últimos
de la estafa hipotecaria: los integrantes más poderosos de los consejos
de administración de las entidades financieras.
La
iniciativa JUICIO y CASTIGO no ha hecho más que comenzar. Sabemos que
el camino será largo pero también sabemos que “la única lucha que se
pierde es la que se abandona”. Ya es hora de que los tochos les empiecen
a llegar a los banqueros. Con la lucha colectiva SÍ SE PUEDE.
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